Los dos devastadores sismos que sacudieron la región centro-norte del país han generado un fuerte impacto económico y social. Según una evaluación preliminar presentada por el Banco Mundial, la cifra preliminar de los daños por terremotos en Venezuela asciende a US$19.600 millones en infraestructura y edificaciones, lo que equivale aproximadamente al 18% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Impacto en viviendas, salud y educación
El informe del organismo internacional señala que casi la mitad de los costos totales corresponde a afectaciones en sectores residenciales. El estado La Guaira y el Distrito Capital, donde se ubica el centro de Caracas, concentran cerca del 50% de los daños por terremotos en Venezuela. La tragedia natural del pasado 24 de junio dejó un saldo de casi 5.400 personas fallecidas y más de 16.700 heridos tras el colapso de múltiples estructuras y la interrupción de servicios básicos como agua y electricidad.
En el ámbito social, la infraestructura educativa y sanitaria ha sufrido graves secuelas: más de 900 escuelas en nueve estados y 38 centros hospitalarios registraron daños estructurales. Por el contrario, las instalaciones del sector energético experimentaron un impacto menor en comparación con el sector inmobiliario y de servicios públicos.
El desafío del financiamiento internacional y la reconstrucción
Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, destacó la urgencia de publicar este análisis preliminar para agilizar las decisiones de financiación del gobierno y coordinar la ayuda internacional. No obstante, las proyecciones de las Naciones Unidas ubican los costos totales de reconstrucción en una cifra superior, estimada en US$37.000 millones.
La velocidad de la recuperación económica dependerá del acceso a recursos financieros externos. Venezuela ha permanecido desconectada de los prestamistas multilaterales y en situación de impago desde 2017. Para superar estas barreras, el Banco Mundial trabaja conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF para coordinar asistencia técnica e incentivar la inversión privada en el proceso de reconstrucción.
